Contra el Banco de la Repúbica
La reverencia que se le tiene al Banco de la República en Colombia es la mejor prueba del estatismo imperante dentro de la opinión pública del país. Atreverse si quiera a cuestionar la necesidad de un banco central y denunciar la tenaza mortal que este impone a los colombianos con su monopolio de la emisión de papel moneda de curso forzoso (o "legal") y su condición de ser prestamista de última instancia para las entidades bancarias, es una empresa condenada al anatema. Especialmente vehementes en su defensa de la banca central es el gremio de economistas nacional, quienes usualmente, o han sido empleados del Banco de la República, o aspiran a serlo. Sin embargo, una revisión más detenida del problema permite reconocer principalmente dos cosas: en primer lugar, el olvido de una tradición crítica al "socialismo de Estado", propio de un gobierno banquero; y en segundo lugar, una sincera (aunque ingenuamente confiada) convicción de que la banca central "independiente" es la mejor forma de garantizar un dinero sólido y sano.
Ahora bien, los dos puntos anteriores no son sino producto de la clásica y esplendida controversia entre los partidarios de la llamada "escuela bancaria" y los de la denominada "escuela monetaria", que desde el siglo XIX termino dando forma, producto de la mezcla de posturas de ambas escuelas, a un sistema de banca libre con reserva fraccionaria y respaldada por un banco central: justo lo que nos gobierna hasta la actualidad. Colombia no solo no fue ajena a dicha controversia sino que posiblemente sea uno de sus mejores ejemplos, todavía por ser mejor estudiado.
Desde la creación del Banco Nacional en 1880 por el gobierno de Rafael Núñez, quedó claro que un gobierno sin facultades monetarias que fueran más allá de su tradicional injerencia en la acuñación de monedas de metal (de oro, plata, entre otros), difícilmente podría uniformar su política fiscal y centralizar sus gastos. No pasaron sino cinco años de creado el Banco Nacional cuando su emisión de papel moneda, cuyo monopolio era todavía disputado por más de una década de experiencia de banca libre (que permitió que cualquier establecimiento bancario pudiese emitir sus billetes), paso a ser de curso forzoso. Tal recurso se justificó en razón del gasto público extraordinario que para el gobierno nacional implicó la guerra civil de 1885, aquella con la cual Núñez logró, triunfante, dotar de mayores poderes al gobierno nacional respecto a los de orden regional, dado el federalismo imperante hasta entonces (vigente desde la constitución política de 1858 y especialmente la de 1863). Con monopolio de la emisión y curso forzoso, el Banco Nacional pudo hacer de la política monetaria un recurso fiscal formidable, con el cual costeo no solo la expansión del ejército, cuyo pie de fuerza no dejara de crecer a finales del siglo XIX, sino financiar sus planes de "fomento", es decir, obras públicas (principalmente ferrocarriles) y pago de contratistas (ósea, empresarios privilegiados).
En todo dicho periplo el Banco Nacional tuvo un opositor y crítico formidable en cabeza de don Miguel Samper Agudelo, empresario e intelectual de firmes convicciones liberales y profundos conocimientos de economía política, quien se encargó, desde los mismos inicios del Banco Nacional en 1880, de criticar su poder de alterar los intercambios tanto entre productores y consumidores como entre acreedores y deudores. Para Samper era claro que un banco en control del gobierno siempre podrá hacer respaldar sus operaciones con el patrimonio de los ciudadanos y sin su consentimiento, no solo en cuanto dichos ciudadanos fuesen usuarios (forzados) de sus billetes, sino en su calidad de contribuyentes, este último rol el que justamente era facilitado por el papel moneda gubernamental al ser uno de sus principales usos el ser aceptado para pago de impuestos. Aunque supuestamente el curso forzoso implementado en 1885 debía ser reversado una vez superada la circunstancia de la guerra ya mencionada, el gobierno de la llamada "Regeneración", encabezada por Núñez, aunque ejecutada en cuerpo ajeno por los celebres Carlos Holguín y Miguel Antonio Caro, le dio largas al asunto y postergo paulatinamente la debida conversión de los billetes del Banco Nacional en oro o plata, así como ponerle un tope a su emisión con base al monto del presupuesto nacional, generalmente en torno a los doce millones de pesos.
Bajo la condena de "socialismo de Estado", Samper logró persuadir a la opinión pública de que la inflación que provocaba el Banco Nacional era además un proceso de concentración de la riqueza en favor del gobierno y sus contratistas, y a costa de los empresarios y los trabajadores. La desesperada defensa de Caro, ya como presidente, de que la moneda es producto de la facultad soberana del Estado para emitirla y acuñarla, y no de la profundización de la división del trabajo propia de la generalización del comercio, fue evidentemente incapaz de demostrar que, aún bajo su propia premisa, el Banco Nacional era el principal responsable de la inflación y sus efectos económicamente nocivos. Sin embargo, Caro tuvo la decencia, quizá a regañadientes, de aceptar la conclusión lógica de dicho debate: efectivamente el responsable exclusivo de la inflación era el Banco Nacional y su emisión de papel moneda de curso forzoso. En consecuencia, Caro procedió a a disolver el Banco Nacional en 1896.
Así las cosas, Samper podía aparentemente darse por bien servido y, luego de que se desempeñara como candidato presidencial en 1898, quedar tranquilo de que, a pesar de su derrota electoral, el gobierno nacional ya no disfrutaba de las facultades monetarias para llevar a cabo el denostado "socialismo de Estado". Aún así, Samper no viviría lo suficiente, luego de su muerte a inicios de 1899, para ver como el gobierno, quien a través de su Ministerio del Tesoro todavía tenía en su poder las viejas imprentas de billetes del Banco Nacional, volvió a incurrir en emisiones desmedidas de papel moneda cuando una nueva guerra aparentemente se lo permitió a justificar. La llamada guerra de los "Mil Días", que se extendió por tres años (1899-1902) y por buena parte del territorio nacional, además de los miles de muertos y destrucción de patrimonios, dejo como resultado una hiperinflación inédita no solo para Colombia sino para el continente americano.
Si bien la Junta de Amortización creada en 1903 para subsanar la hiperinflación legada por la guerra emprendió la retirada de circulación de miles de billetes por medio de la quema y destrucción de los mismos, el debido y anhelado respaldo en metálico de la moneda seguía en veremos. La creación de un nuevo banco de gobierno en 1905, el Banco Central del presidente Rafael Reyes, difícilmente logró estabilizar la situación, prestándose, como era de esperarse por la naturaleza misma de un banco gubernamental, a financiar un tren de gastos insostenible y ejecutado en favor de contratistas y empresarios afines al gobierno, por ende, del retorno al "socialismo de Estado" tan criticado por Samper. No deja de ser sintomático que Rafael Uribe Uribe, el afamado general del bando derrotado en la guerra de los "Mil Días", tuviese el dudoso honor de exponer y defender en que consistía el "Socialismo de Estado", titulo de la conferencia que dio en 1904. Al inicio de dicha conferencia, Uribe Uribe dejaba en claro que si el responsable de la desfavorable situación económica del país era el gobierno con sus intervenciones en materia económica, especialmente en temas monetarios, debía el mismo gobierno, con otras intervenciones, quien debía subsanar la situación. No le faltaba lógica al argumento de Uribe Uribe, pero dejaba en duda como debería ser una "justa" o "adecuada" intervención del gobierno en materias económicas (y monterias) y, por ende, que llevase a buen termino el "socialismo de Estado".
Como bien lo reseño en su momento Luis Eduardo Nieto Caballero en su escrito "El curso forzoso y su historia", publicado en 1911 y que incluimos en nuestra "Bibliografía de la libertad en Colombia", la posición de Rafael Uribe Uribe lo llevo a elaborar propuestas de organización del sistema monetario (y a la postre también bancario) del país, acorde a sus tesis del "socialismo de Estado" esbozado en 1904. La privatización del Banco Central creado por Reyes en 1909, como producto de su renuncia al poder en medio de fuertes protestas en su contra, y la posterior creación de una "Junta de Conversión" en el mismo año, que finalmente le diese respaldo metálico al papel moneda del gobierno y un limite racional a su emisión, eran la antesala de una más amplia reforma del sistema bancario que estaba en mora de subsanar, por un lado, tanto la facilidad de movilidad y circulación de capitales en el país, como, por otro lado, la generación de dichos capitales por medio del ahorro y crédito que los bancos facilitasen. Así lo entendió Uribe Uribe y su proyecto en favor de la pluralidad bancaria, respecto a los que invocaban la unidad bancaria en torno a un único emisor. Aunque Nieto Caballero mostrase su desacuerdo al respecto con Uribe Uribe en el texto ya mencionado, su reconstrucción del problema da a entender que lejos estaban los partidarios de un sistema unibancario o pluribancario (equivalente, respectivamente, a lo que proponía la escuela monetaria y bancaria) de no coincidir, pues finalmente todos querían a su vez una mejor emisión de papel moneda, tanto en cantidad, como en calidad.
Por el espacio de trece años, desde la prohibición de hacer nuevas emisiones de papel moneda de curso forzoso por cuenta de la reforma constitucional de 1910, hasta la creación del Banco de la República en 1923, el país gozo de un sistema monetario y bancario "caótico", es decir, no planificado por el Estado. La multitud de proyectos en el congreso sobre el tema terminaron siendo agrupados bajo la asesoría de una misión extranjera contratada por el gobierno para tal fin. Liderada por el economista estadounidense Edwin Walter Kemmerer, dicha misión se proponía "organizar" nuestro sistema financiero, es decir, adecuarlo a las necesidades del gobierno para gestionar los empréstitos y demás rentas que, acorde al crecimiento económico del país, empezaban a hacerse más boyantes. En dicha labor era clave contar el apoyo de los banqueros existentes del entonces, algo que costo lograr, dada la desconfianza tradicional del gremio a las políticas monetarias con base a un banco emisor de propiedad del gobierno. A la sazón, se termino otra vez creando un banco estatal con participación de los privados, "participación" que, como bien señale en su momento junto con el ex presidente Carlos Eugenio Restrepo, no era sino una coartada de que los banqueros privados asumieran el peso de la capitalización del banco bajo el premio de reducir su encaje, en comparación al mayor encaje (o reservas) que se les exigía a los bancos que decidieran funcionar al margen y decidir no ser socios del Banco de la República. Así se lo expuse a Kemmerer cuando me visito en Medellín y así lo seguí sosteniendo en mi controversia con Lucas Caballero, uno de los ponentes en el congreso en favor del proyecto de Kemmerer.
Ahora bien, mis ideas de entonces distaban de ver que incluso mi énfasis en el aumento o disminución del encaje no era una crítica de principio sino de grado a la vigencia misma de un banco central, con todas sus atributos de monopolio de la emisión, curso forzoso (o "legal", como se empezó a volver costumbre decirle para burlar su condición de forzoso) y prestamista de última instancia. El banco de bancos justamente es más peligroso en cuanto facilita a los bancos prestar siempre por encima de su encaje, ya que la expansión crediticia a la que da lugar falsea las existencias reales de capitales que sirvan de fondos prestables en la economía, ocasionando el irremediable desajuste de inversiones que a la postre llevara a la quiebra de empresas y la recesión económica. Ni siquiera el patrón oro, ya adulterado bajo el patrón cambio-oro, con el cual las reservas de los bancos, especialmente de los centrales, estarían tanto en oro como en billetes de una divisa más fuerte (libras o dólares), podía servir como un mecanismo de ajuste análogo al del patrón oro clásico, como reconocería con lucidez, aunque tardíamente, un economista como Ludwig von Mises.
La crisis por ende no se haría esperar y a finales de 1929 llevaría a la quiebra a cientos de empresas y al desempleo a miles de trabajadores, tanto en Estados Unidos como en Europa. En nuestros países, las exportaciones bajaron y con ellas los ingresos del gobierno, dejando un déficit creciente en su ya abultado y sostenido tren de gastos, que un banquero y futuro presidente como Alfonso López Pumarejo había calificado de "prosperidad al debe". La llegado a la presidencia de Enrique Olaya Herrera en 1930, en medio de las repercusiones de la crisis económica mundial de 1929 prometía mantener la ortodoxa, aunque endeblemente justificada, política monetaria propuesta por Kemmerer en torno al patrón cambio-oro. Como Aquilino Villegas demostró hábilmente en sus artículos compilados en 1933 bajo el libro titulado La moneda ladrona (1933), la tesis de una moneda que sirviera a la supuesta necesidad de "estabilizar" los precios, exigía que el Banco de la República pudiese liberarse de las restricciones a la emisión de papel moneda que le imponía el patrón cambio-oro, algo que finalmente sucedió cuando el gobierno suspendió la convertibilidad del peso en 1931, siguiendo la tendencia que inauguro el Banco de Inglaterra el mismo año. Sobre la base del argumento económico de que la deflación es igual y hasta más perjudicial que la inflación, Villegas, amparándose en el economista Irving Fisher, concluía que, dada la ilusión de una moneda estable, el acreedor ganará a costa del deudor (deflación) o del deudor a costa del acreedor (inflación), por lo que darle estabilidad a la moneda era una prioridad de la política de un gobierno y su banco central para evitar así la llamada "moneda ladrona". Además, Villegas reforzaba su punto con el argumento jurídico de que solo estabilizando la moneda se le podía dar garantía plena al cumplimiento de los contratos si las condiciones en las que se acordaron (como la monetaria) se mantienen tal cual como al momento de su elaboración, pues pact sunt servanda rebus sic stantibus (los acuerdos deben cumplirse, mientras las cosas sigan así).
Se repite así la tragedia de la intervención del gobierno ya descubierta por Rafael Uribe Uribe en 1904 y expuesta magistralmente por Mises en 1929 en su libro "Intervencionismo" (aunque con conclusiones contrapuestas): que todo problema generado por la intervención del gobierno pretende ser subsanado con una nueva intervención. Para Uribe Uribe (y también para Villegas) ello resolvería la situación, para Mises solo la agravaría. Como resultado, el país entro en la concertación pro inflación que guía al mundo desde entonces y que suponía que todos los países, con sus respectivos bancos centrales, inflaran sus monedas de forma conjunta para marchar así "acorde" al desarrollo de sus economías.... Así quedo formalmente estipulado en los acuerdos de Bretton Woods de 1944, donde nacería el aún vigente Fondo Monetario Internacional y el futuro Banco Mundial, que al día de hoy son una especie de banco central mundial que se respalda en un fondo conjunto de todas las naciones compuesto tanto de oro como cada vez más de divisas de mayor valor por su respaldo en oro como el dólar estadounidense. Estabilizar entonces la tasa de cambio con el dólar ha sido la búsqueda de todos los países y sus respectivos billetes. Colombia no sería ajena a dicha tendencia, como bien lo confirmaría nuestro delegado a Bretton Woods y futuro presidente: Carlos Lleras Restrepo.
Como discípulo de Esteban Jaramillo, el afamado y hábil hacendista a quien le debemos el impuesto a la renta (creado en 1918), la versión criolla del proyecto de Banco de la República y las políticas económicas de Olaya Herrera (como ministro de Hacienda de dicho presidente entre 1931 y 1934), Carlos Lleras Restrepo sería el genuino arquitecto de toda una política intervencionista del Estado en la economía amparado sobre el consenso de una banca central cada vez más robusta. Es verdad que ya desde 1951 se había aprobado, bajo el gobierno de Laureano Gómez, la autorización a la banca privada de crédito de fomento sobre encajes cada vez más laxos y la creación de fondos especiales para subsidiar a gremios económicos, pero ello no era sino la consecuencia de políticas que gradualmente se fueron imponiendo desde antes con la creación de la Caja de Crédito Agrario, Minero e Industrial (más conocida como Caja Agraria) en 1930 y el Fondo del Café en 1940 (cuando Lleras era ministro de Hacienda), con lo cual se busco favorecer a empresarios, especialmente de vocación agrícola, que tuvieran vocación de exportación o de abastecer la creciente demanda de materias primas y alimentos de las ciudades colombianas y sus ya cientos de miles de habitantes.
Cuando finalmente Lleras es electo presidente en 1966, la política monetaria del Banco de la República venía de tres años de buscar simultáneamente controlar la inflación, estabilizar la tasa de cambio y dirigir el crédito de fomento a través de una Junta Monetaria que le diera contentillo a todos los intereses creados que tenían asiento en dicha junta y responsables de concertar la política económica del Estado colombiano. Como bien lo señalaría el empresario Hernán Echavarría Olozaga, un activo pero ecléctico critico de las políticas económicas del país, Colombia era víctima de 15 años de un colosal error, como titularía en 1963 un libro de su autoría. En dicho libro Echavarría sostenía que los gobiernos colombianos de posguerra habían sido incapaces de estabilizar la economía por la vía de controlar la inflación, es decir, estabilizar su gasto público, pues para un pionero del keynesianismo como Echavarría (su texto Pleno empleo y otros temas de 1948 así lo consagra), la necesidad de un gasto público sostenido nunca sería cuestionado siempre y cuando fuera estable...
Bajo la presidencia de Lleras, dicha "estabilidad" se pretendía lograr de la mano de la planificación del gasto público, es decir, por medio de la elaboración de "Planes de Desarrollo" de carácter cuatrianual, que desde entonces cada uno de los presidentes ha implementado al inicio de su mandato. Aunque Lleras no pudo estrenar plenamente dicho mecanismo, implementado bajo la reforma constitucional de 1968, no le hizo falta aprobar medidas con las cuales lograr la anhelada "estabilidad". El Estatuto Cambiario aprobado bajo el decreto 444 de 1967 sería la herramienta idónea para que la Junta Monetaria y el Banco de la República buscara armonizar la política monetaria, con la cambiaría y crediticia, es decir, lograr la cuadratura del circulo. La devaluación gota a gota del peso, el control férreo de divisas y el crédito condicionado a "sustituir importaciones y diversificar exportaciones" solo logro hacer más voraz las demandas de gremios y centrales obreras, entre otros. Con una inflación de dos dígitos, un control de divisas inútil frente a la entrada de dólares ilegales por cuenta de la venta de cocaína y otros estupefacientes, y un crédito de fomento cada vez más amañado por corporaciones financieras privilegiadas y protegidas por el Estado, la reacción en favor de su corrección no se haría esperar, aunque lamentablemente, de nuevo, confiando en las supuestas virtudes de régimen de banca central.
Bajo el precedente de unas abultadas emisiones monetarias para financiar gasto público durante el gobierno de Virgilio Barco, lo que daría pie a hablar nuevamente de "emisiones clandestinas", en analogía a las ya viejas y centenarias emisiones hechas por el Banco Nacional de Núñez, a finales de los ochentas el país estaba presto a hacer reformas. La ocasión vendría idónea bajo la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en donde hizo carrera la necesidad de una "banca central independiente", es decir, donde solo tuvieran asiento en las directivas del Banco de la República personas ajenas a los gremios empresariales, independientes del gobierno de turno y con probada experticia y conocimientos en cuestiones monetarias. La ponencia decisiva al respecto vino del constituyente Rodrigo Lloreda Caicedo, que a la postre dio origen a nuestra actual y vigente organización de banca central. Tan solo el hecho de que el Ministro de Hacienda siga teniendo asiento en la junta del Banco de la República es de lo poco que los fieles cultores nacionales de la banca central están dispuestos a aceptar como su critica más "radical" a nuestro actual sistema monetario y bancario.
Lo cierto es que más audaz y decisiva en sincerar el debate de política monetaria desde la constituyente fue el anteproyecto de reforma constitucional que presento la Universidad Sergio Arboleda, en la cual se estipulada la "prohibición en absoluto de toda nueva emisión de papel moneda de curso forzoso", recuperando la vieja disposición constitucional que desde 1910 se había establecido en el país pero que, por razones todavía por indagar en profundidad, no se había hecho efectiva. El único intento de aclarar el asunto anterior vino de una peculiar demanda establecida por el economista Pablo Victoria a principios de la década de 1990, cuando pretendió que se le cambiara por oro los billetes impresos por el Banco de la República que estaban bajo su tenencia, pues tales impresos todavía conservaban la referencia de "pesos oro". Aunque el patrón oro, así sea en su versión cambio-oro, había recibido un golpe mortal desde que el gobierno de Estados Unidos suspendió la convertibilidad del dólar en 1971 y desde entonces rige prácticamente en todo el mundo un sistema monetario basado en monedas fiduciarias, el Banco de la República seguía imprimiendo billetes con la leyenda de "pesos oro". Naturalmente el Banco de la República no tuvo ningún problema simplemente en sacar una nueva familia de billetes que desde 1996 ya no tienen dicha leyenda y así ahorrarse reclamos como los de Pablo Victoria (la posición de Victoria esta resumida en su libro "Macroeconomía Analítica" de 1993, en el capítulo 15, e incorporado en nuestra "Bibliografía de la libertad en Colombia").
A la fecha, no ha vuelto a haber posiciones interesantes en materia de política monetaria y bancaria en Colombia: la crisis económica de 1999 a duras penas sirvió para que personas como Hernán Echavarría Olózaga, a la cabeza de un centro de pensamiento de ideas liberales que hoy lleva su nombre, actualizaría su ya conocida posición reseñada desde 1963 en un capítulo de un libro de 2003 titulado "La crisis colombiana de los años 90". En septiembre de 2010, el senador conservador Gabriel Correa Zapata presenta el proyecto de ley 104, por el cual proponía el uso de dólares de los Estados Unidos de América en Colombia, formalizando así una iniciativa de dolarización parcial de tipo legal que eventualmente permitiese, sino la dolarización formal de la que gozan países como Ecuador, Panamá y El Salvador, al menos la posibilidad de hacer uso de dólares con mayor frecuencia en transacciones comerciales de orden nacional, ya sea por vía de cuentas bancarias en dólares o uso normal de efectivo. La iniciativa, como raro, no prosperó, y solo hasta el 2024 un gremio tradicionalmente reacio a la dolarización como ASOBANCARIA, reconoció la necesidad de las cuentas bancarias en dólares. Incluso periódicos usualmente bienpensantes en materia económica (ósea, intervencionistas) como La República se dio el lujo de entrevistar a Deirdre McCloskey, quien no dudo en asegurar que "los bancos centrales deben eliminarse, el gobierno no puede monopolizar el dinero": de poder puede, que no deba, es otra cosa. Afirmaciones como la anterior ojala sirvan para recuperar esa tradición critica contra la banca central en nuestro país, que tanto bien nos hizo y que tanta falta hace.



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